El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, confirmó que ya existen denuncias en contra del delegado de Bienestar en Durango, Jhonatan Jardines Fraire, luego de que se filtraran audios donde presuntamente giraba instrucciones para utilizar programas sociales con fines electorales. Las declaraciones las realizó durante su visita a la Comarca Lagunera para brindar apoyo a los candidatos de la alianza PRI-PAN a las alcaldías de Gómez Palacio y Lerdo, Raúl Meraz y Susy Torrecillas, respectivamente.
En el mismo acto, el diputado federal Rubén Moreira criticó al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, por enviar operadores políticos a Durango, señalando que "debe dedicarse a trabajar y cuidar su entidad en materia de seguridad e infraestructura carretera".
Un audio filtrado revela que Jardines Fraire habría ordenado a trabajadores de la Secretaría de Bienestar realizar visitas domiciliarias a beneficiarios de programas sociales para asegurar su apoyo electoral a Morena. En la grabación, el delegado menciona una operación llamada "Limpieza", destinada a consolidar votos para el partido en el poder antes del inicio formal de campañas.
En el audio se escucha a Jardines instruir sobre la recopilación de datos personales de ciudadanos y su clasificación por afinidad política, sugiriendo que los simpatizantes de otros partidos sean reasignados a labores de censo, mientras que los identificados como "verdes o amarillos" -alusión a Morena y aliados- recibirían atención prioritaria. Además, ofrece recursos federales como transporte y logística para reforzar la operación.
El escándalo ha generado divisiones dentro de Morena. Mientras el diputado Manuel Espino condenó las acciones como ilegales y violatorias de la ley electoral, el presidente del Congreso de Durango, Héctor Herrera, defendió a Jardines, atribuyendo la filtración a una estrategia de desprestigio contra el gobierno federal.
El PAN anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), utilizando el audio como prueba clave. Exigen una investigación por el presunto desvío de recursos públicos con fines electorales, lo que podría acarrear sanciones legales para el delegado de comprobarse.
Hasta ahora, el gobierno federal no se ha pronunciado sobre el caso, mientras en Durango la polémica crece en vísperas de los comicios, evidenciando los riesgos de utilizar programas sociales como herramienta de influencia política. La situación pone en duda la imparcialidad que debe prevalecer en los procesos electorales.